Jon Nazca / Reuters/ RT
Marinaleda es un pueblo situado a 70 kilómetros de la ciudad de Sevilla, en el sur de España, en donde no hay desempleadxs. Casi la totalidad de lxs 2700 habitantes de la localidad trabajan en una cooperativa agrícola y todxs reciben el mismo sueldo, independientemente de su puesto. Es uno de los pocos sitios que no ha sufrido las consecuencias de las políticas gubernamentales de recorte y las hipotecas imposibles de pagar: en Marinaleda la vivienda no se vende. Para poder acceder a una casa, lxs vecinxs deben comprometerse a construir su propia vivienda y pagar una renta de 15 euros mensuales. A principios de 2015, el alcalde de dicho lugar, Juan Manuel Sánchez Gordillo, resultó electo por décima vez consecutiva, algo que ocurre por primera vez en toda la historia electoral de España.
Con excepción de aquellxs que tienen negocios privados o trabajen sus propias tierras, todxs lxs habitantes tienen el mismo salario. Por trabajar 35 horas a la semana todxs lxs trabajadorxs reciben 1.200 euros mensuales, ya sean profesorxs de instituto o campesinxs que trabajen en la cooperativa agrícola del pueblo, que emplea al 50 por ciento de la población.
La historia cuenta que en los años ‘80 lxs habitantes, cansadxs de la explotación de los sectores terratenientes, lograron que la Junta de Andalucía expropiara 1200 hectáreas de tierra al duque del Infantado y se las concediera a lxs jornalerxs que hasta entonces vivían en una suerte de régimen feudal.
Pero pronto se dieron cuenta que trabajar la tierra no era suficiente para acabar con el desempleo, por lo que comenzaron a desarrollar pequeños emprendimientos industriales con el objetivo de sumar valor agregado a los productos elaborados en la región y así comenzaron a multiplicarse las industrias del pimiento, alcachofa, habas, aceite y aceituna. Así se logró el pleno empleo de su población.
El empleo es acompañado de políticas de fomento de la vivienda, como el plan de subvenciones de la Junta y obras del Plan de Empleo Rural (P.E.R), que paga los costos de los materiales de construcción para aquellxs vecinxs que se comprometan a construir su propia casa en un plazo de dos años. Si bien los costos son cubiertos por los planes sociales, quienes construyan las viviendas deben pagar una cuota mensual que en 2014 era de 15 euros, un precio realmente económico. Una vez terminada la construcción de las casas, se descuenta del precio total de la vivienda el equivalente monetario al total del tiempo de trabajo que sus propietarixs hayan empleado en autoconstruir su vivieda.
En cuanto al sistema de toma de decisiones que se aplica en Marinaleda, todos los asuntos se resuelven en asamblea, y todos los cargos son elegibles y revocables por la asamblea general del pueblo. Lxs habitantes pueden votar cada vez que se presenta cualquier problema, ya sea una cuestión de vivienda, impuestos o cualquier otra.
La localidad cuenta además con una guardería infantil, un instituto de secundaria, un parque natural, un servicio de asistencia a domicilio para personas mayores, una piscina y consultorios médicos, entre otros servicios.
Jon Nazca / Reuters
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Cabe destacar -en cuanto a la figura pública del alcalde de Marinela, Sánchez Gordillo- que el funcionario también recibe críticas por “caciquismo” y por considerar que su gestión tiene una gran dependencia de las subvenciones del Estado. Al respecto, Sánchez Gordillo asegura que él mismo no tiene ninguna otra propiedad que no sea su casa y agrega, que si la mayoría de la gente sigue votando a favor de él, «será por algo». Lo cierto es que el funcionario de la localidad que tiene por lema “una utopía hacia la paz” marcó un hito en la historia electoral de España, al ser reelecto como alcalde por décima vez consecutiva.
El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo / Jorge Guerrero/AFP/Getty Images/The independent
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